A mediados de abril, el Gobierno avanzó su intención de agilizar aún más los trámites para atraer a un mayor número de inversores extranjeros interesados en conseguir un permiso de residencia a cambio de comprar una propiedad inmobiliaria de más de medio millón de euros. Ahora el visado de residencia para inversores extracomunitarios dará derecho a sus titulares no sólo a vivir sino también a trabajar en España.
Aprovechando la tramitación de la ley de Segunda Oportunidad, una batería de enmiendas del grupo parlamentario popular modifica la ley de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización. Por ejemplo, amplía de dos meses a un año el plazo para los inversores de capital puedan acreditar que han destinado el capital mínimo establecido a la compra de deuda pública española. Los inversores se podrán conceder permisos de seis meses si presenta el precontrato con garantía y un certificado de una entidad financiera que constate que dispone de la cantidad necesaria para abonar la cuantía, incluyendo cargas e impuestos. Y flexibilizan los requisitos para acreditar la compra efectiva de propiedades inmobiliarias.
También amplía la posibilidad de solicitar el visado de residencia para los padres de inversores y emprendedores extranjeros que quieran tener residencia en España –hasta ahora los permisos sólo beneficiaban a cónyuges e hijos a cargo.
Desde que se puso en marcha la medida, en septiembre del 2013, y hasta finales del 2014, 531 inversores usaron esta vía preferente para acceder a un permiso de residencia.
La normativa actual fija un plazo de resolución de los visados de 10 días. Además el visado de residencia tiene una vigencia de un año y se puede renovar aunque el inversor se encuentre fuera de España durante más de seis meses al año. Por otra parte, con respecto a las autorizaciones de residencia, los periodos sucesivos por los que se pueden renovar, se amplian de dos a cinco años.