Desde el 1 de enero de 2026, ha entrado en vigor en Cataluña una nueva regulación que introduce cambios significativos en la formalización de los contratos de alquiler de temporada. Esta normativa tiene como objetivo reforzar el control, evitar usos fraudulentos y clarificar cuándo este tipo de alquiler es realmente aplicable.
Uno de los aspectos clave es que no todos los alquileres de temporada reciben el mismo tratamiento legal. Aquellos contratos cuya finalidad sea laboral, profesional, médica o de estudios pasan a regirse, en muchos de sus elementos, por la normativa del alquiler de vivienda habitual. Esto implica, entre otras consecuencias, la aplicación de límites de renta.
La nueva normativa también pone un énfasis especial en la justificación de la temporalidad. El motivo del contrato debe constar expresamente y estar debidamente acreditado mediante documentación. Además, dicha documentación debe depositarse junto con la fianza en el registro correspondiente, reforzando la trazabilidad del contrato.
Por último, la regulación incorpora mayores mecanismos de supervisión y control. Se intensifica la vigilancia sobre anuncios y contratos con el fin de detectar situaciones de fraude y garantizar el cumplimiento efectivo de la normativa vigente.
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